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La igualdad de derechos y la solidaridad son uno de los pilares de la Europa que queremos porque garantizan la cohesión social de nuestras sociedades. Los derechos socio-económicos han sido conquistados por las movilizaciones sociales y están recogidos en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, en las declaraciones de la ONU sobre los derechos económicos y sociales de 1966, en las Convenciones de la OIT, en la Carta Social Europea de Turín de 1961, en la Carta Comunitaria de los derechos Sociales fundamentales de los trabajadores de 1989.

La defensa y el desarrollo de los derechos socio-económicos constituyen uno de los objetivos de a Europa que queremos. Europa es, a todos los niveles, responsable solidaria de la garantía real y efectiva de estos derechos según el principio de indivisibilidad y universalidad. Forman parte de los derechos fundamentales.

Estos derechos deben ser justificables ante los jueces europeos y nacionales. Cualquier acto de las instituciones europeas que viole el contenido esencial de estos derechos debe ser susceptible de ser anulado por parte de la Corte europea, así como de no-aplicación por parte de los jueces nacionales. Se garantiza el acceso a la justicia, especialmente de las personas económicamente desfavorecidas.

El respeto de los derechos socio-económicos se basa en los siguientes principios:

  • De no-regresión social. Ninguna decisión europea puede poner en cuestión las conquistas y los derechos sociales reconocidos en una legislación nacional

  • De convergencia, por arriba, de las normas que permitan un reforzamiento de la protección jurídica de las y los trabajadores en lugar de una reducción al mínimo común denominador de las legislaciones nacionales. Aplicación a todas las mujeres de todos los países de la Cláusula más favorable de Europa.

La Europa que queremos se basa en el respeto de los derechos y la dignidad de las y los asalariados independientemente de su condición laboral.

La igualdad, la cooperación, la solidaridad, la definición democrática de las necesidades y derechos sociales constituyen los valores supremos de Europa que reemplazan la competencia y el libre cambio.

Cada ciudadano y ciudadana europea tiene el derecho a disfrutar de una calidad de vida que le proteja de la pobreza y de la exclusión y le permita participar plenamente en la vida social y cultural, lo que implica la erradicación del paro, de la precariedad, de la pobreza y de toda forma de exclusión.

Se fijarán, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las conquistas de cada país, normas básicas comunes sobre salarios y rentas. En función de ello, serán definidas una renta individual mínima garantizada, así como un salario mínimo y un calendario de harmonización “por arriba” de los derechos sociales.

Debe establecerse el derecho al empleo y a la renta, prohibiendo toda discriminación por razón de religión, sexo, orientación sexual, opinión u origen. Debe hacerse realidad el principio de “a igual trabajo igual salario”.

Toda persona tiene el derecho a elegir libremente su profesión.

Las y los trabajadores independientes (artesanos, campesinos) tienen, igualmente, el derecho a una renta garantizada, a la formación, a condiciones de trabajo y de representación democrática.

La reducción del tiempo de trabajo, comenzando por la generalización de las 35 horas, será un objetivo para toda Europa.

La Europa que queremos actuará a todos los niveles para que el contrato de trabajo estable e indefinido devenga una norma en toda Europa.

Todas las trabajadoras y trabajadores estarán protegidos contra el despido. Se prohíbe todo despido arbitrario. Se suprime el derecho de los empresarios a cerrar empresas. Los planes de supresión de puestos de trabajo deberán ir acompañados de garantías para las y los asalariados en lo referente a la formación, una renta mínima y el retorno al trabajo.

Se prohíbe el trabajo nocturno a los menores de 18 años y no se autoriza sino para los sectores indispensables.

La Europa que queremos reconoce entre sus valores fundamentales el dialogo social, la libertad sindical y de asociación. Todos y todas las asalariadas tienen derecho:

  • A elegir libremente sus representantes

  • A la negociación colectiva a nivel de empresa, de rama, a nivel nacional o europeo. Queda prohibido el cierre empresarial.

  • A refrendar los acuerdos colectivos que les afecten

  • A la huelga, incluso por motivos de solidaridad o políticos, tanto a nivel local como nacional y europeo. Se prohíbe el cierre de empresa.

La justa representación y la democracia en el centro de trabajo y en los sindicatos constituyen derechos fundamentales a todos los niveles. La representación obrera y sindical democráticamente elegida a nivel europeo constituye un elemento de la democracia europea.

Todas las empresas con establecimientos en varios países de Europa deben disponer de un comité de empresa europeo (CEE). Este CEE tiene derecho a la información, a la consulta preliminar, así como a la intervención sobre las decisiones patronales en lo que respecta a las plantillas, las condiciones de trabajo y las opciones económicas de la empresa. Para garantizar las mismas condiciones a todos y todas, las empresas contratantes serán las responsables de los asalariados de las empresas subcontratadas.

La Seguridad Social, la indemnización por desempleo o despido estarán presididos en su funcionamiento por un lógica pública y solidaria en oposición a los sistemas de individualización presentes en el mercado (fondos de pensión, seguros, etc.). El sistema público (la seguridad social) deberá garantizar un nivel de vida decente a todas y a todos al margen de los avatares de la vida.

A fin de garantizar el respeto efectivo de los derechos enunciados en esta Carta, Europa establecerá políticas económicas y sociales apropiadas a todos los niveles. En particular, una armonización de políticas fiscales y una política de servicios públicos no sometidos a la ley del mercado que permitan poner fin al dumping fiscal y social.

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